El Ministerio de Empleo ha preparado un anteproyecto de ley con cambios legislativos para que los organismos de la seguridad social facturen directamente las cuotas que tienen que pagar.
Esta medida afectará a casi 1,3 millones de empresas por las cotizaciones sociales de trece millones de trabajadores.
La finalidad de este cambio es mejorar la gestión recaudatoria, simplificar trámites administrativos y reducir costes.
Actualmente son las empresas quienes calculan y presentan mensualmente sus liquidaciones.
Con el nuevo sistema será la administración quien ofrecerá todos los meses a las empresas, un cálculo individualizado de las cuotas sociales que deben pagar por cada empleado ,en base a los datos que ya tenga el organismo o que suministre la empresa.
De esta forma las obligaciones de la empresa quedarán reducidas a solicitar mensualmente la liquidación y a aportar la información necesaria para su cálculo.
Con este cambio, dicen, se persigue simplificar el cumplimiento de las obligaciones sociales con reducción de costes administrativos para la empresa y para la propia seguridad social, al realizar todos estos trámites de forma electrónica.
Por otro lado, se pretende conseguir un mayor control sobre la correcta gestión liquidatoria y recaudatoria de la Seguridad Social.
La CEOE ,UGT y CCOO tienen un plazo de quince días para estudiar el anteproyecto de Ley sobre el nuevo sistema de liquidación de cuotas a la Seguridad Social.
La implantación del nuevo sistema liquidatorio se hará de forma progresiva e inicialmente se desarrollará simultáneamente con el modelo actual.
En el anteproyecto se señala que «para realizar la función recaudatoria, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá concertar los servicios que considere convenientes con las distintas administraciones o con entidades particulares habilitadas al efecto«, a lo que añade que «las habilitaciones que se otorguen tendrán, en todo caso, carácter temporal».
Según la memoria de impacto económico que acompaña al borrador del anteproyecto, calcula que ingresará 143,8 millones de euros más al eliminar cotizaciones por desempleo inferiores a las que deberían realizarse, y otros 27,5 millones al suprimir bonificaciones indebidas.
Pero la implantación del nuevo sistema tendrá un coste inicial de 5,78 millones, al tener que dedicar de forma exclusiva a 100 personas.
Sin embargo, tambien dice que todo coste para la implantación de este nuevo sistema será asumido con los créditos disponibles sin necesidad de nuevas fuentes de financiación.
Además con el nuevo sistema las empresas serán sujetas a un mayor control, pero también obtendrán un beneficio en forma de menores cargas administrativas que se cuantifica en 63,4 millones de euros anuales.
( Fuente:EUROPA PRESS)